En el desarrollo inmobiliario hay muchos riesgos conocidos: financieros, comerciales, constructivos, regulatorios. Sin embargo, hay uno del que se habla poco y que en la práctica puede tener un impacto muy fuerte en un proyecto: el conflicto con vecinos durante la etapa de obra.

En la mayoría de ciudades, las municipalidades han creado mecanismos para proteger a los vecinos frente a molestias generadas por construcciones. Y es lógico que así sea. Una obra genera ruido, movimiento de camiones, polvo y cambios en la dinámica de una calle por un tiempo determinado. Es razonable que existan reglas y fiscalización para asegurar que las obras se realicen dentro de parámetros adecuados.

El problema aparece cuando ese equilibrio se rompe. En muchos casos, basta que un vecino presente quejas reiteradas para que la obra sea objeto de constantes fiscalizaciones, visitas municipales o advertencias administrativas. En principio, esto busca proteger la convivencia urbana. Pero en la práctica, a veces se genera un escenario donde algunos vecinos sienten que tienen la capacidad de detener o complicar una obra con relativa facilidad.

Cuando eso ocurre, el vecino puede pasar de ser un actor legítimamente protegido por la normativa a convertirse en un factor de presión sobre el proyecto.Las inmobiliarias promotoras se encuentran entonces en una situación compleja. Por un lado, deben cumplir con todas las normas municipales, ambientales y de seguridad durante la construcción. Por otro, pueden enfrentarse a reclamos constantes que no necesariamente responden a incumplimientos reales, sino a conflictos personales, expectativas poco realistas o, en algunos casos, intentos de aprovechar la situación.

En la práctica del sector, no son pocos los casos donde el desarrollo de una obra termina condicionado por vecinos particularmente conflictivos que consideran que la municipalidad está completamente de su lado y que, por lo tanto, pueden exigir condiciones fuera de lo razonable o amenazar con denuncias permanentes. Esto genera un ambiente de tensión innecesaria alrededor de proyectos que, en muchos casos, cuentan con todos los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes.

El tema no es menor si se considera que el desarrollo inmobiliario forma parte natural de la evolución de las ciudades. Las zonas cambian, las densidades se ajustan, los terrenos se transforman y nuevos edificios reemplazan a construcciones más antiguas. Ese proceso puede generar incomodidades temporales, pero también es parte del crecimiento urbano. Por eso, el rol de las municipalidades es especialmente delicado en este tipo de situaciones.

Las autoridades locales tienen la responsabilidad de proteger a los vecinos frente a abusos o incumplimientos de las obras, pero también de entender que un proyecto formal, con licencia y cumpliendo la normativa, tiene derecho a desarrollarse. Mantener ese equilibrio es fundamental para evitar que los conflictos vecinales se conviertan en un obstáculo permanente para el desarrollo de la ciudad. Al final del día, tanto quienes viven en los alrededores como quienes vivirán en el futuro edificio son, en esencia, vecinos de la misma ciudad.

Por eso, cuando se analiza la convivencia entre obras y barrios, es importante recordar que el desafío no es elegir entre uno u otro, sino encontrar un equilibrio razonable que permita que la ciudad siga evolucionando sin generar espacios para abusos o presiones indebidas.

 
Erick Farfan  
Gerente General Orizzonte Grupo Inmobiliario